Ante el recrudecimiento de la violencia en contra de aspirantes a un puesto de elección popular, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicitará a la Secretaría de Gobernación, y sus homólogas en las 32 entidades federativas, fortalecer el mecanismo de protección de candidatas y candidatos y garantizar su seguridad durante el proceso electoral 2021.

“Con 83 muertos, el proceso electoral 2020-2021 es el segundo más violento desde el año 2000. Lamentablemente en el 65% de territorio nacional, ha ocurrido al menos un homicidio de un político, de acuerdo con la consultora Etellekt.”, advierte la senadora.

Mediante un punto de acuerdo que presentará a la Comisión Permanente, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo llama a la Fiscalía General de la República acelerar las investigaciones relativas a los homicidios cometidos en contra de candidatas y candidatos y deslindar las responsabilidades correspondientes en cada caso.

Geovanna Bañuelos destacó que hasta el fin de semana pasado se habían registrado 563 hechos violentos en contra de políticos y aspirantes electorales, con un saldo de 83 personas asesinadas, incluyendo 32 aspirantes a un cargo público, de acuerdo con el Indicador de Violencia Política de Etellekt Consultores.

“El caso más reciente ocurrió este jueves 13 de mayo, cuando Abel Murrieta Gutiérrez, candidato a la presidencia municipal de Cajeme, en Sonora, fue asesinado a balazos mientras se encontraba repartiendo volantes para su campaña”, señala la legisladora en el documento que será inscrito en la Gaceta de este miércoles.

“Los actos de intimidación y maltrato físico y/o verbal, representan la tercera agresión más recurrentes cometida de parte de militantes de partidos y grupos de choque, en contra de candidatas y candidatos opositores y de sus colaboradores, en actos proselitistas o de promoción del voto en colonias, plazas públicas y zonas habitacionales”, detalla.

La representante por Zacatecas advierte que de lograr algunos candidatos acceder al poder mediante métodos violentos en contra de sus adversarios, se traducirá en autoridades corruptas que podrán poner en riesgo la integridad y vida de los propios ciudadanos.

“La violencia es un elemento inadmisible en la lucha democrática por el acceso a los puestos de representación popular”, por lo que Geovanna Bañuelos asegura que es necesario condenar y denunciar este tipo de hechos en todo momento.

“Estos homicidios son extremadamente lamentables, son una amenaza a la democracia. La pluralidad y la diversidad son fundamentales en cualquier Estado democrático”, sentencia la legisladora.

El Indicador de Violencia en México registró 476 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 443 víctimas, 79 de ellas mortales, 12 eran mujeres.

La cifra de 443 víctimas globales equivale a un incremento del 64% en comparación al mismo periodo del proceso electoral 2017-2018.

Al igual que en la elección de 2018, las amenazas se convirtieron en el principal instrumento de violencia con un total de 174 casos y un saldo de 172 víctimas, de las cuales 133 eran aspirantes y candidatos.

El principal modus operandi de los agresores fue el envío de estas amenazas a través de redes sociales, desde cuentas anónimas y a través de mensajes SMS o llamadas telefónicas de líneas de prepago, para obligar a los aspirantes o candidatos a retirarse de la contienda o renunciar a sus candidaturas.

Finalmente, condena enérgicamente toda agresión y por sobre todo, el asesinato de cualquier contendiente en la elección popular, independientemente del partido político que le ha postulado. “El asesinato de una o un candidato es un atentado contra la democracia”.

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